Un año más, EITB ha puesto en marcha una campaña de recaudación de fondos, dirigida en esta ocasión a impulsar lo que denominan un “envejecimiento saludable”. Sin embargo, desconocemos si para definir esta meta se ha contado con la participación de las propias personas mayores, principales destinatarias de cualquier iniciativa en esta materia. La pregunta es pertinente, porque en ocasiones estas campañas corren el riesgo de quedarse en un gesto simbólico, sin incidir en las causas estructurales que condicionan realmente la calidad de vida en la vejez.

Antes de promover actividades puntuales, ¿no sería más eficaz comenzar por garantizar pensiones dignas que permitan a las personas mayores cubrir sus necesidades básicas? Es difícil hablar de envejecimiento saludable cuando la pensión no alcanza para mantener una alimentación adecuada, pagar la calefacción o afrontar gastos cotidianos esenciales.

En este sentido, sería mucho más relevante que el Maratón de EITB se orientara a exigir al Gobierno Vasco el reconocimiento y la garantía de pensiones suficientes. Resulta incoherente promover la salud, la autonomía y el bienestar de las personas mayores sin abordar el problema central que las afecta: la insuficiencia de recursos económicos para vivir con dignidad.

Igualmente, debería reclamarse que Osakidetza incorpore a su cartera de servicios necesidades reales y específicas de las personas mayores que hoy no se encuentran adecuadamente cubiertas. Entre ellas destacan:

programas de acompañamiento para evitar la soledad no deseada;

ayudas o cobertura para gafas, lupas u otros apoyos visuales;

atención dental asequible, hoy inaccesible para muchos pensionistas;

y equipamiento oftalmológico y otros servicios fundamentales que, en la práctica, quedan fuera de la atención pública.

La realidad socioeconómica refuerza esta preocupación. En Euskadi existen alrededor de 520.000 pensiones, de las cuales el 24,4 % se sitúan por debajo del umbral de pobreza, lo que supone cerca de 127.000 pensiones en esa situación. Además, alrededor del 11,2 % —unas 58.000 pensiones— se encuentran por debajo del umbral de pobreza severa. En estas condiciones, exigir a las personas mayores que envejezcan “saludablemente” sin garantizar previamente sus necesidades básicas resulta contradictorio.

A ello se suma una situación social preocupante. Pese al discurso público de cuidado y atención a las personas mayores, la realidad es que con frecuencia se les relega a la marginalidad social: se les invisibiliza, se les aparta y se deposita su cuidado en unas residencias que, en demasiados casos, reproducen modelos asistenciales propios de épocas pasadas. La pandemia de COVID-19 reveló con crudeza las consecuencias de un sistema que, en muchos centros —especialmente aquellos gestionados con criterios privatizadores—, priorizó el ahorro de costes por encima de la calidad del cuidado, con graves consecuencias.

Del mismo modo, se está normalizando que la soledad y la muerte en aislamiento de personas mayores se conviertan en fenómenos habituales en nuestras ciudades, sin que se adopten medidas de alcance para prevenirlos.

En este contexto, apelar a un “envejecimiento saludable” sin transformar las condiciones estructurales que determinan la vida de las personas mayores carece de coherencia. La salud, el bienestar y la dignidad no pueden depender de campañas puntuales de recaudación, sino de políticas públicas sólidas, de servicios adecuados y de un compromiso real con la justicia social.

Oskar Moreno Alonso 

Dni 14237128j 

Perteneciente a la Asociación de Jubilados Altzaga-Erandio